DESPROTECCIÓN SANITARIA

Cuando un médico de cabecera es capaz de confesar que se siente impotente ante la petición expresa, por no denominarla orden, de no prescribir pruebas y tratamientos a personas mayores que sobrepasen cierta edad.

Cuando se solicita una asistencia médica domiciliaria para una paciente mayor de 80 años con grave deterioro de salud física, y ésta es denegada por no considerar que sea un caso de “prioridad”, y esa misma paciente a los diez días de formular la petición se encuentre hospitalizada en estado crítico.

Cuando una enferma anciana acude a urgencias hospitalarias aquejada de fuertes dolores generalizados y es devuelta de alta a las pocas horas, con el sólo pronóstico de “artrosis” y administración de calmantes, y sin realizar pruebas descartables de otras patologías en base a sus antecedentes médicos, y a los dos días esa anciana debe regresar al hospital en un estado de pronóstico muy grave.

Cuando un paciente recibe prescripciones de pruebas médicas con plazos superiores a dos meses, tiempo alarmante de espera, donde su salud puede empeorar drásticamente.

Cuando se niega la asistencia sanitaria básica y de necesidad a personas de otras nacionalidades, en un evidente desprecio a la dignidad del ser humano en cuanto a su calidad de vida.

Cuando la Administración recorta las ayudas y el tiempo de asistencia se rebaja de seis a tres meses, para usuarios con adicciones graves de alcohol y drogas, plazo totalmente insuficiente para su rehabilitación y cura.

Cuando las consultas y salas de espera del área de urgencias de los hospitales se encuentran totalmente saturadas de pacientes, con enfermos atendidos hasta en los pasillos del centro, y esperas de doce horas para recibir resultados, y en el caso de necesitar ingreso hospitalario, esta espera puede prolongarse incluso días según la especialidad donde va destinado el paciente.

Cuando se constata una clara y notoria intencionalidad de provocar actos con consecuencias graves, sin prevenciones específicas, y sin intervenciones consecuentes y a tiempo.

Ante la falta manifiesta de protección sanitaria de colectivos como son los ancianos, los dependientes, los adictos, carencias que en muchos casos se hacen extensibles al usuario en general, condenando un derecho tan fundamental como es la salud y la asistencia médica, en una especie de castigo inhumano e irracional, consecuente de leyes sin ética ni respeto, aplicadas por gobernantes inescrupulosos, no hay mucho más que comprobar, decir o reflexionar. Las administraciones nos matan sutil y lentamente.

Amparo.